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Este debate contiene 57 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó Imagen de perfil de ASIO ASIO hace 1 semana, 4 días.

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  • #11795

    Anónimo

    Mi opinion sobre los atestados,es que algunos compañeros mitifican estos informes como algo extraordinario por no decir extraterrestre. Y creo, siempre he tenido la convicción, que un informe bien documentado,riguroso,con unas diligencias del conocimientode los hechos, con unas diligencias oculares, otras testificales si es es el caso, y con una buena documentación de apoyo, os aseguro que un informe de estas características con el conocimiento y la profesionalidad que tanto tu Sibilino como a ti Oak os reconozco dejais a buen seguro a la altura del betún a muchos atestados que llegan a las depencias judiciales.

    #11796

    Anónimo

    No lo pongo en duda Korakides, pero el problema de las denuncias nuestras, por muy bien documentadas que estén, es que “desaparecen” una vez las hemos registrado de salida dentro de un “limbo” del cual pocas veces sabemos si salen… o se pierden… o se transforman.

    En cambio en el juzgado todas van para delante y el Juez tiene la obligación de resolver o sobreseyéndolas o penando el delito, pero aquí si sabemos qué pasa con ellas.

    Igualmente mientras que en el primer supuesto el infractor muchas veces está tranquilo pues o no le llega el acuse de recibo de la denuncia, o le llega pero puede saber cómo contestarlo favorable incluso quizás camelándose a alguien de la administración, o ya sabía que le iban a denunciar pero estaba tranquilo pues sabe que la administración no tiene fuerza alguna para dar una orden de derribo y si la da no la ejecuta o sabe que la competencia para esa orden es del ayuntamiento y que la DGMN se limita a decir que, “como no se solicitó previamente informe de evaluación de impacto ambiental, no procede darlo y que por lo tanto carece de él”… pero no hay nada más detrás, etc, etc, etc; en el segundo supuesto no se encuentra tan relajado, pues tiene una citación del juzgado, tiene que buscarse un abogado (y pagarlo), tiene que encontrarse en una sala delante de un juez y un fiscal y encarándose con sus denunciados e incluso puede que la sanción impuesta incluya una orden de derribo…

    En definitiva, no es la forma de redactar la denuncia y lo bien documentada que esté, es la seriedad y solemnidad del que la puede sancionar la que hace que una forma de tramitarla dé más resultados que otra.

    #11798

    Anónimo

    YO CONOZCO NUESTRA SITUACIÓN. ESTOY CONTIGO OAK, EN QUE DEBEMOS IR MÁS ALLA. A VER SI TE HACES DE UNOS MODELOS DE ATESTADOS, Y NOS LOS PASAS.
    OTRA COSA, A VER QUIEN SE NIEGA A DECLARAR, EN EL CUARTEL CON EL SEPRONA. A NOSOTROS, NI NOS MIRAN SEGURO, ESE ES UN HANDICAP, PERO SEGURO QUE HAY FORMAS DE TIRAR PARA ADELANTE.

    YA SE QUE NO ES TU ZONA PERO SI TU ZIR-ZEPA-LIC

    http://noticias.ya.com/local/extremadura/27/09/2005/ayuntamientodecaceres-urbanismo-zepa.html

    LA 2º VIVIENDA ESTA POR TODOS LADOS, Y EMPIEZA A SER UN GRAVISIMO PROBLEMA.

    #11799

    Anónimo

    Creo que, o no me explicado bien o no habeis comprendido el contenido del ultimo mensaje:
    lo que he querido dar a entender es que presentemos esos informes en el juzgado o mandemoslos al fiscal, cuando entendamos que existen claros indicios y/o pruebas de haber cometido un delito o falta recogidas en el Código Penal. Es más,hoy por hoy, estamos en la obligación de hacerlo,digan lo que digan los políticos de turno. Ah! y no olvidemos que de no hacerlo se nos puede volver la tortilla en contra.

    #11800

    Anónimo

    Tengo varios modelos de atestados, los recopilo y te los mando Sibilino, mándame a mi correo Agentesforestales@telefonica.net dónde quieres que te los envíe.

    Un saludo

    #11797

    Anónimo

    Korakoides con solo poner en la denuncia, que es un presunto delito de XXx, ya estamo cumplidos. Los abogados o jefes, son los que deben decidir.
    Otra cosa es que no lo hagan.
    Ya digo que lo mas comodo, es poner en nuestra denuncia de la Junta de Extremadura, que se envia copia al Fiscal (y hacerlo luego claro).
    Lo de los atestados, creo que debe verse a medio-largo plazo. Pero si queremos ser buenos profesionales, tenemos que acabar yendo a los juzgados.
    Venga

    #11801

    Anónimo

    http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=428494


    La Fiscalía imputa a 6 alcaldes extremeños por delitos urbanísticos en sus municipios

    Coria y su entorno es la zona con más casas en situación irregular, seguida por la del Jerte.En Badajoz las causas aumentan, sobre todo por Orellana, pero no hay alcaldes imputados.

    Esta noticia pertenece a la edición en papel.

    Ver archivo (pdf)

    Seis alcaldes o exalcaldes extremeños, todos de la provincia de Cáceres, están imputados por la Fiscalía Superior de Extremadura por la presunta comisión de delitos urbanísticos.

    Se trata de los alcaldes de Ceclavín –Pedro Martín González Mirón (PSOE)–, Talayuela –Raúl Miranda Manzano (PP)– y Brozas –José Félix Olivenza Pozas (PSOE)–; y los exalcaldes de Coria –Joaquín Hurtado Simón (Centro Obrero Empresarial Cauriense)–, Guijo de Santa Bárbara –José Mariano Pizarro (IU)–, y Casas del Castañar –Pedro Vega García (PSOE)–. En el caso de este último su responsabilidad penal, de existir, ha extinguido por su fallecimiento.

    Ninguno de los ediles citados anteriormente están imputados por un asunto similar al de la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena, que se construyó, y más tarde tiró, una casa en terreno protegido en el pantano de Orellana, sino por ilegalidades urbanísticas cometidas en sus respectivos municipios, a las que no habrían hecho frente, como marca la ley. Así, la Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística "por la concesión de licencias claramente contrarias a la ley; por la autorización de palabra para la construcción de viviendas ilegales; o por la falta de actuación una vez conocida la infracción de la legalidad, colocando incluso en eventual riesgo a los particulares por la construcción en zonas inundables de ríos", recoge el avance de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres correspondiente al pasado año.

    El último de los supuestos mencionados se registra de forma especial y bastante generalizada en Coria, posiblemente el municipio cacereño donde se contabilizan más infracciones urbanísticas. Así lo reconoce la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Olga Suárez, que señaló a este diario que el urbanismo de la zona de Coria es el que les está dando más volumen de trabajo, al ser este área de la provincia cacereña, junto con la del Valle del Jerte, la que tiene más edificaciones ilegales.

    "Y no son ilegales solo por la zona en la que están, o por carecer de licencias y permisos…, es que en Coria hay además algunos supuestos en los que las edificaciones están en zonas inundables del río, lo que puede entrañar incluso riesgo para las personas. Además, en algún caso la situación de ilegalidad era conocida directa y personalmente por el ayuntamiento y el alcalde", especificó Suárez.

    Es precisamente por esta razón por la que en una de las causas, concretamente en la que existen construcciones en zona inundable del río Alagón, está imputado Joaquín Hurtado, que fuera alcalde de la localidad, por el grupo independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense (CEOEC) en coalición con el PP, del 2003 al 2007. La fiscal aclaró que ésta "es una causa que se está tramitando y en la que está llamado a declarar como imputado el que era alcalde de Coria cuando se inició, aunque esta declaración aún no se ha producido".

    RESPONSABILIDAD Los seis ediles antes citados están imputados, como se ha indicado, por delitos urbanísticos cometidos en sus municipios, pero ¿cuál es la responsabilidad municipal en este tipo de delitos? La fiscal delegada de Urbanismo en Cáceres explicó al respecto que los alcaldes "tienen la obligación de hacer guardar la disciplina urbanística en cuanto a expedientes, y la mayor parte de las conductas delictivas de éstos es por no hacer nada, por hacer la vista gorda, pero esto es igualmente delictivo, porque los delitos se pueden cometer por acción (por algo que haces mal), y por omisión (por algo que dejas de hacer)".

    En el caso concreto en el que está imputado el exalcalde de Coria es porque los técnicos de la mancomunidad –son los que cuando ven que hay alguna construcción ilegal tienen la obligación de comunicárselo al consistorio– ya le habían dicho a él personalmente que esas construcciones eran ilegales y que había que hacer algo, "pero no hizo nada". Es por esto por lo que, en este caso, la imputación al exedil de Coria es por omisión.

    Pero es que existen otros casos en Coria, añadió Suárez, en los que aún siendo ilegales, las viviendas cuentan con agua y luz. "Esto significa que desde el ayuntamiento, y pese a ser ilegales, se ha tenido que certificar la licencia; o bien se ha dado la cédula de habitabilidad a unas viviendas que no son legales". Esta, explicó la fiscal, es la otra modalidad de la actuación ilegal de un ayuntamiento, pues "¿cómo certifican a las empresas suministradoras de luz que una vivienda está en condiciones para recibir luz si es ilegal?".

    Existe además una tercera modalidad, añadió, que es conceder una licencia pese a que los técnicos estén advirtiendo de que esa licencia es contraria al ordenamiento, que es por lo que en la Fiscalía hay abiertas diligencias previas de investigación contra, por ejemplo, el alcalde de Ceclavín o el exalcalde de Guijo de Santa Bárbara.

    Finalmente, otros delitos que habitualmente también se imputan a los responsables de los ayuntamientos son por ejecutar o no ejecutar obras de demolición. Así, por ejemplo, señaló Suárez, hay diligencias abiertas contra el alcalde de Brozas por haber autorizado la demolición de parte de una edificación que está en trámite de ser catalogada como bien cultural, lo que requiere pedir autorización a Patrimonio, "diligencias éstas que aún están en estudio".

    NINGUNO EN BADAJOZ Frente a lo que ocurre en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz no figuran como imputados en ninguna de las causas incoadas el año pasado por este tipo de delitos ni alcaldes ni ayuntamientos. Lo confirmó así el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia pacense, Agustín Manzano, quien añadió que solo hubo una, que fue instruida anteriormente y que concluyó en el 2008 con una sentencia absolutoria, en la que estuvo implicado el Ayuntamiento de Almendralejo por unos vertidos de residuos sin depurar al río. Matizó, no obstante, que en algunas de las causas iniciadas el año pasado sí figuran los ayuntamientos, pero como ordenantes de derribos o emisores de exhortos anunciando sanciones de persistir las situaciones irregulares.

    También reconoció Manzano que las causas relativas a la ordenación del territorio se incrementaron notablemente el año pasado con respecto al anterior, algo que según señaló es debido a las relacionadas con las construcciones ilegales en la zona de Orellana, que se instruyen en el Juzgado de Villanueva de la Serena. Pero insistió en que en ninguna de estas causas –en una de ellas está imputada la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena– están imputados ni ayuntamientos ni alcaldes.

    #11808

    Anónimo
    #12109

    Anónimo

    Así habla un tio que no tiene ni pajotera idea de lo que está diciendo, esto no sería en principio ningún problema si no fuera porque encima es presidente de la Junta de Extremadura.

    No sabe este político los problemas que nos está acarreando a aquellos que tenemos que proteger el medio rural del intrusionismo urbanístico acelerado, con sus palabras hechas sin ninguna meditación lógica y sólo de cara a la galería, le está dando alas a los especuladores urbanísticos y a los que quieren hacerse una casita encima del Torrico de San Pedro, para que así puedan tener buenas vistas.

    Lamentable sus declaraciones.

    #12110

    Anónimo

    http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2009/04/califican-de-demagogicas-e.html

    lunes 20 de abril de 2009
    Califican de demagógicas e irresponsables las declaraciones de Vara acerca de las construcciones ilegales en Extremadura

    La asociación Ecologistas de Extremadura ha criticado duramente las declaraciones del Presidente de la Junta de Extremadura respecto a las construcciones ilegales en terreno no urbanizable por considerar que no hacen sino sembrar confusión entre la opinión pública, ya que parecen incitar a la comisión de infracciones ambientales y porque suponen además una auténtica burla para las personas sí que respetan la ley.

    Para esta asociación, resulta completamente falso lo que el Presidente pretende hacer creer, es decir, que con esta ley se favorecería a las personas humildes las cuales, si ya tienen auténticas dificultades para comprar una primera vivienda, difícilmente van a embarcarse en construirse una segunda. Consideran también que para disfrutar de la naturaleza no es imprescindible construirse un chalet, y que si la preocupación de la Junta es realmente es ésa, la instan a que cree más espacios naturales protegidos de titularidad pública para uso y disfrute de los ciudadanos.

    Construcciones ilegales en la ZEPA de la Sierra de San Pedro

    En opinión de Ecologistas Extremadura, lo que debería hacer un Presidente autonómico es fomentar el respeto de las leyes en lugar de vender demagogia o prometer futuras amnistías. En este sentido, llama la atención la absoluta dejación de funciones de que hace gala la Junta de Extremadura respecto a estos temas –en especial las Consejerías de Urbanismo y de Medio Ambiente-, lo que ha obligado a algunas asociaciones ecologistas a hacer lo que no hace la Administración, esto es, denunciar ante tribunales y Fiscalía los múltiples delitos ecológicos relativos a construcciones ilegales cometidos en Extremadura por personas y empresas que bien pueden considerarse amparados por políticos que hacen semejantes declaraciones.

    Lo que les resulta más escandaloso del asunto es que esta pretensión de reforma legal empezara a conocerse a raíz del intento de justificar la polémica construcción ilegal que la esposa del alcalde socialista de Villanueva de la Serena había levantado junto al embalse de Orellana, y advierten de no se trata de un caso aislado, pues existen políticos y militantes de este y otros partidos que cuentan con construcciones ilegales a lo largo y ancho de Extremadura. Particularmente bordea el ridículo el que busquen escudarse en un pretendido desconocimiento de la legalidad, como si eso fuera eximente del delito.

    Chalet de la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena que fue retirado del espacio protegido en donde se encontraba

    Por su parte, Ecologistas Extremadura anuncia que continuará en la línea de denunciar construcciones ilegales en espacios naturales protegidos, y que por ello esta semana va a registrar nuevas denuncias por construcciones ilegales en la Sierra de San Pedro y la Serena, para las que solicitan -tal y como indica la ley de restauración del ecosistema- la demolición de lo ilegalmente construido. Avisan que, pese a las reformas que pueda hacer el Parlamento extremeño, esta práctica seguirá estando tipificada como delito, por lo que recomiendan a los ciudadanos que se informen bien antes de empezar a construir o adquirir construcciones en terreno rústico.

    Por el contrario, muestran su conformidad con que se regularice la situación de las construcciones en terreno rústico de hace muchos años -y cuya infracción por tanto ha prescrito- siempre que no se encuentren inmersas en expedientes sancionadores o causas judiciales, que no presenten un impacto significativo ni se hallen en espacios naturales protegidos. Repercutiendo, eso sí, todos los gastos en el propietario, ya que no les parece de recibo el que sea más barato y cómodo construir ilegalmente.

    #12111

    Anónimo
    #11711

    Anónimo
    #15714

    Anónimo
    #15818

    Anónimo

    http://ecologistasextremadura.blogspot.com/

    Ecologistas Extremadura critica la nueva ley del suelo de Extremadura e informa que continuará denunciando las construcciones ilegales en espacios protegidos

    La asociación Ecologistas Extremadura desea salir al paso de los rumores vertidos por los dirigentes políticos que gobiernan la comunidad, en el sentido de que con motivo de la publicación de la nueva Ley del Suelo se puedan legalizar las construcciones ya existentes en suelo rústico.

    Lo más preocupante para el grupo conservacionista son los edificios ilegalmente levantados en los espacios protegidos además del precedente que sienta, ya que de este modo se está animando a los propietarios de parcelas a construir aun a sabiendas de la ilegalidad que cometen, para que sus construcciones sean legalizadas a posteriori.

    La citada legalización de urbanizaciones clandestinas y segundas residencias es sin duda el punto más injusto e inmoral de esta nueva ley, ya que facilita y asegura la impunidad a todos aquellos que se han saltado las leyes urbanísticas y/o medioambientales, en perjuicio de quienes sí han respetado la ley y del patrimonio natural de todos.

    El gobierno extremeño, por su parte, ha agravado la situación al tramitar la disposición Quinta (la regularización de urbanizaciones ilegales) como adicional en lugar de como transitoria, desoyendo la recomendación hecha por el Consejo Económico y Social de Extremadura. La distinción no es baladí, ya que de haber sido formulada como transitoria se evitaría la picaresca de nuevas ilegalidades y nuevas regularizaciones. En otras palabras, se trata de amnistiar un delito que aún no se ha cometido.

    Miembros de Ecologistas Extremadura, han comprobado cómo determinados propietarios ofrecen la venta de parcelas rústicas diminutas escudándose en la fórmula de ser parte de comunidades de propietarios, así como la construcción de viviendas o naves en ellas. Dichas ofertas se realizan por vía telefónica sin licencia de obra y sin proyectos de construcción porque son ilegales, como así reconocen los propios vendedores. Ante las preguntas del supuesto comprador, aquellos afirman que no habrá problema, ya que la administración no tirara la construcción, y además está previsto legalizarlas con la nueva ley. Esta práctica se ha confirmado al contactar con varias inmobiliarias de la región, a las que se ha llamado haciéndose pasar por compradores. Algunas de estas parcelas se ofrecen incluso semi-urbanizadas, con pistas de nueva construcción o con promesa de construirlas. Desde esta asociación se avisa a los ciudadanos de que las empresas inmobiliarias actúan de tal modo que la responsabilidad recae especialmente en el comprador, por cuanto en la escritura no figura la existencia de la construcción, acceso, vallados,… En este sentido opinan que deberían actuar las autoridades para evitar lo que podría ser un fraude de ley.

    Ecologistas Extremadura continúa también pese a todo con su política de denuncias de todas las construcciones o intentos de construcciones ilegales, principalmente las localizadas en espacios protegidos, ya que se trata de una actividad tipificada como delito medioambiental, y que como tales tiene que ser denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Así, el pasado mes de octubre se ha denunciado una construcción incipiente en Talarrubias, en las proximidades de una laguna natural, otra en término municipal de Orellana la Vieja y hay más en preparación en diferentes puntos de la región. En todo caso, y ante la confusión que parece existir entre ciudadanos que les han preguntado, advierten que las legalizaciones no pueden afectar en ningún caso a estos espacios naturales protegidos.

    Ecologistas Extremadura quiere hacer saber que su intención es evitar el daño medioambiental y no desea causar perjuicio a los pequeños propietarios. Por eso, cuando les es posible, denuncian las construcciones en sus fases iniciales para que la única pérdida sea la detención de la obra, aunque también denuncian aquellas ya construidas. Lo triste, en su opinión, es que esta tarea no la realice quien por ley debería hacerlo, es decir la administración autonómica de Extremadura, o del estado, o incluso la municipal. Todas ellas están obligadas, al menos moralmente, a cumplir y hacer cumplir las leyes. Otras construcciones denunciadas en 2010 han sido en Hervás y en el ZIR del embalse de Orellana y Sierra de Pela (uniéndose a las que se denunciaron en 2009), asimismo se hace seguimiento de las denunciadas en Sierra de San Pedro, la Vera, Las Villuercas,… las hay en diferentes momentos procesales, pero ya hay muchas de ellas que consideran previsible que los tribunales resuelvan en 2011.

    La asociación ecologista cree que se debe hacer memoria, y recordar las construcciones ilegales que se denunciaron en el entorno del Embalse de Orellana. Tuvieron una gran repercusión en los medio de comunicación y en muchas de ellas se han iniciado causas judiciales para las cuales esta asociación solicita el derribo de lo ilegalmente construido y la reparación del ecosistema. Recuerda como periódicos regionales, sacaron en primera página el tema (con titulares como “La esposa del alcalde de Villanueva construye un chalet ilegal junto al pantano de Orellana”, etc.), con centenares de comentarios por parte de los internautas. Dicho chalet, afortunadamente, en este caso, fue desmontado.

    #16480

    Anónimo
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